En
España, la participación de las personas mayores en actividades laborales
formales y remuneradas es muy reducida. Nos encontramos con un grupo importante de población con una esperanza de vida superior
a la de generaciones precedentes y en
buenas condiciones físicas y mentales, cuya presencia en el mercado laboral ha
finalizado al cumplir la edad de la jubilación. Desean continuar realizando una
variedad de quehaceres productivos, contribuyendo
al desarrollo y bienestar de la familia y la sociedad. Pero
cuando miramos al sector laboral, la discriminación por edad constituye una
importante barrera para la participación en el mismo de las personas mayores
que sienten que sus habilidades y
conocimientos están siendo despilfarrados, traicionando sus propias
capacidades. Es una forma de exclusión social hasta el punto de que se ha llegado a proponer un cambio en la
definición de “trabajador mayor” que rompa con la noción de la edad de jubilación, y se base en una concepción de “capacidad de desarrollar un empleo”.
Culturalmente estamos habituados a
percibir a la persona mayor fuera de las fuerza de trabajo, fuera de los
sistemas y de los procedimientos formales de la educación, fuera del sistema
formal financiero, fuera de las decisiones del grupo familiar, en el espacio de
los “perdedores”, de los que carecen de la capacidad de competir. Ha
prevalecido una visión que tiende a identificarlos como un grupo poblacional
supuestamente homogéneo caracterizado por la inactividad, improductividad y
dependencia, condicionando de este modo su rol social. Pero si miramos adelante se
perfilan nuevos modelos de personas
mayores, con más recursos sociales, culturales, educacionales y
financieros que protagonizaran una vejez
diferente frente a los desafíos que implica hoy, el
crecimiento, la globalización, la apropiación de nuevas tecnologías, los roles
a desempeñarse en una sociedad del conocimiento etc.


El
problema que puede significar para una
sociedad envejecida el no considerar a las `personas mayotes como un importante
recurso humano para el desarrollo del país, puede ocasionar problemas al
sistema de seguridad social, al
sistema de salud y en general
consecuencias socioeconómicas desfavorables. Se trata pues de garantizar la
interacción positiva de las políticas económicas, sociales y de empleo con el
fin de promover una vida activa sostenible.
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